La disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por la situación de la Autopista Presidente Perón sumó un nuevo capítulo judicial. Ambas administraciones apelaron una medida cautelar que obliga a reforzar las condiciones de seguridad en los sectores de la traza que todavía no fueron habilitados, aunque la resolución continuará vigente mientras la Cámara Federal de San Martín analiza los recursos presentados.
La decisión fue adoptada por el juez federal subrogante de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien concedió las apelaciones con efecto devolutivo. Esto significa que la presentación de los recursos no suspende las obligaciones establecidas en la medida original.
De esta manera, la Dirección Nacional de Vialidad deberá continuar con las acciones destinadas a mejorar el cierre, la señalización y la prevención de riesgos en los tramos de la autopista que todavía permanecen fuera de servicio.
La resolución judicial tiene una vigencia de seis meses y busca evitar situaciones de peligro en sectores donde las obras inconclusas pueden representar un riesgo para automovilistas y vecinos.
La Autopista Presidente Perón es uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fue concebida para conectar distintos corredores del conurbano y facilitar la circulación entre municipios sin necesidad de ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, su construcción acumula importantes demoras. De los 83 kilómetros proyectados, aproximadamente 52 se encuentran habilitados, mientras que los trabajos en los sectores restantes permanecen paralizados desde diciembre de 2023.
El conflicto por la continuidad del proyecto se profundizó durante los últimos meses, en medio de los reclamos del Gobierno bonaerense para que la Nación reactive los trabajos o transfiera la obra a la administración provincial.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, había solicitado al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el traspaso de los trabajos para que la Provincia pudiera avanzar con su ejecución. Según manifestó el funcionario provincial, ese pedido no obtuvo respuesta.
En ese contexto, la Provincia recurrió a la Justicia para exigir medidas vinculadas con la seguridad de la traza. El planteo fue analizado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que hizo lugar parcialmente al reclamo.
La decisión judicial no obliga al Gobierno nacional a reanudar la construcción de la autopista, finalizar los kilómetros pendientes ni transferir el proyecto a la Provincia. Su alcance se limita a las medidas preventivas necesarias para reducir riesgos en los sectores sin habilitar.
El magistrado tampoco consideró reunidos los elementos suficientes para imponer, mediante esta cautelar, un conjunto generalizado de trabajos de iluminación, reparación de calzadas y construcción de desvíos.
No obstante, Vialidad Nacional deberá acreditar las acciones adoptadas para cumplir con las obligaciones de seguridad, de acuerdo con los plazos establecidos en la resolución.
La situación tiene especial importancia para los municipios del sur y sudoeste del conurbano bonaerense, donde la Autopista Presidente Perón representa una conexión estratégica para el tránsito particular, el transporte de cargas y la vinculación entre distintos corredores viales.
Ahora será la Cámara Federal de San Martín la encargada de revisar las apelaciones de ambas administraciones. Hasta que exista una nueva decisión judicial, la medida cautelar seguirá vigente y deberán mantenerse las acciones de prevención y señalización en los tramos que todavía no pueden utilizarse.
Fuente: (Zona Sur Diario)
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