La expresidenta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por presuntas violaciones de garantías durante la causa Vialidad. Su defensa pidió suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria. El Gobierno rechazó el planteo.
Cristina Fernández de Kirchner llevó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en la causa Vialidad. Mediante una comunicación individual, la exmandataria denunció al Estado argentino por considerar que durante el proceso se vulneraron derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La presentación fue anunciada por la propia Cristina Kirchner a través de una carta abierta y posteriormente explicada en una conferencia de prensa por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, sostuvo la expresidenta.
En el documento, Cristina afirmó que la condena busca impedir que una parte de la sociedad pueda elegir el proyecto político que ella representa. “Cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”, planteó.
También vinculó el proceso judicial con una práctica que, según consideró, se repite en distintos países para apartar de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular. “Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto”, expresó.
La defensa enumeró ocho presuntas vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellas mencionó el derecho a elegir y ser elegido, el acceso a un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia, la disponibilidad de tiempo y medios adecuados para ejercer la defensa, el derecho a una revisión integral de la condena y la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Durante la conferencia, Beraldi cuestionó el principal fundamento utilizado para atribuir responsabilidad penal a la expresidenta. “La responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”, afirmó.
“No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, agregó el abogado, quien sostuvo que Cristina Kirchner nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad.
Junto con el reclamo principal, los defensores solicitaron tres medidas provisionales. La primera busca suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que eventualmente permitiría que Cristina vuelva a presentarse como candidata.
“Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia”, explicó Valim, jurista brasileño que participó en la estrategia internacional de Luiz Inácio Lula da Silva durante el caso Lava Jato.
La segunda medida reclama que se restablezca la integración legal de cinco miembros de la Corte Suprema, actualmente conformada por tres jueces. La defensa entiende que esa situación afecta el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.
El tercer pedido está relacionado con las condiciones bajo las cuales Cristina cumple su prisión domiciliaria en el departamento ubicado en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires. Los abogados reclamaron que se retire la tobillera electrónica, se eliminen las restricciones para recibir visitas y acceder a la terraza del edificio y que la expresidenta no sea responsabilizada por las manifestaciones que realicen otras personas frente a su domicilio.
Según explicó la defensa, las medidas provisionales podrían recibir una respuesta en los próximos meses, mientras que el análisis de fondo demandaría varios años. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, aseguró Valim.
Sin embargo, el organismo internacional no funciona como una instancia judicial superior a la Corte Suprema argentina ni puede anular directamente la condena. Su tarea será determinar si el Estado vulneró los derechos establecidos en el Pacto y, en caso de pronunciarse a favor de Cristina Kirchner, podrá requerir medidas de reparación. Un eventual dictamen favorable podría ser utilizado posteriormente por la defensa para promover una revisión dentro del sistema judicial argentino.
La estrategia tiene como antecedente el caso de Lula da Silva. En 2022, el Comité de la ONU concluyó que el exmandatario brasileño no había sido juzgado por un tribunal imparcial y que fueron vulnerados sus derechos políticos. No obstante, las condenas contra Lula habían sido anuladas previamente por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y no directamente por Naciones Unidas.
Desde el Gobierno nacional rechazaron la presentación. El canciller Pablo Quirno sostuvo que Cristina Kirchner tiene “la libertad para hacerlo”, aunque atribuyó el planteo a una estrategia política y afirmó: “Quieren volver al poder para indultarla”.
La expresidenta, por su parte, cerró su carta anticipando que continuará cuestionando la sentencia en ámbitos internacionales. “No responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”, manifestó.
Fuente: (Zona Sur Diario)
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