En representación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler, expuso este martes en la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para debatir un régimen tarifario de transición al 2023 en las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur.
“Voy a hablar en nombre de nuestra intendenta, Mayra Mendoza, pero sobre todo, traigo la voz de las y los 700 mil vecinos de Quilmes. Los quilmeños y las quilmeñas, antes de pagar aumentos, merecen un servicio de calidad. Creemos que cuando dejen de explotar los transformadores, cuando dejen de cortar la luz en Quilmes, recién ahí vamos a poder discutir el aumento de las tarifas”, aseveró Cecilia Soler.
La Secretaria resaltó que “desde nuestro Gobierno Municipal creemos que tenemos que trabajar en un horizonte que contemple la readecuación de la normativa vigente de las prestatarias para poder llegar a los barrios más postergados. Hoy es un horizonte que no tenemos, que no se construye, creemos que tenemos que pensar en un marco de difusión para que las inversiones se destinen a la normalización y la mejora de la infraestructura de la red eléctrica también en nuestro barrios populares”.
Y sostuvo: “Hoy son los Estados municipales los que nos hacemos cargo de la red eléctrica en los lugares comunitarios, siempre con el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional, somos los Municipios quienes damos la cara y asumimos la responsabilidad frente a los vecinos y vecinas. No existe un área dentro de las prestatarias que atienda las relaciones con la comunidad más allá de un 0800, y todos y todas sabemos cómo funciona ese 0800. Para ustedes señores de Edesur, de Edenor, son clientes que hacen uso de un servicio, para nosotras son vecinos y vecinas que pagan un servicio básico y fundamental y merecen ser escuchados”.
Y destacó: “recién a partir de un reclamo unificado de las y los intendentes del conurbano que se pusieron al frente de esta demanda histórica de la ciudadanía, pudimos comenzar a trabajar en un plan de obras con el acompañamiento del ENRE y el Estado Nacional”.
Al mismo tiempo, Soler remarcó que “además de esta pandemia, hemos asumido como Gobierno Municipal, Provincial y Nacional, un país sumergido en una profunda crisis económica y social, producto de los últimos cuatro años de neoliberalismo. La dolarización de las tarifas en la última readecuación del 2016 no fue una casualidad, fue una decisión política de quienes gobernaron desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019. A partir de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del 2016 que fue implementada por el macrismo se aplicaron aumentos a las tarifas de casi el 2 mil por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estos aumentos sabemos que solo se vieron reflejados en el incremento del patrimonio y la rentabilidad de las empresas prestatarias y quienes absorbieron ese tarifazo fueron ni más ni menos que nuestros trabajadores, trabajadoras, PyMES, comercios, y que la economía real de los y las bonaerenses se vio afectada notablemente”.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad lleva adelante un proceso de renegociación tarifaria a partir de la auditoría técnica, jurídica y económica que efectuó sobre la Revisión Tarifaria Integral desarrollada entre 2016 y 2017. Según las conclusiones de esta evaluación, aquella RTI no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente, y por lo tanto vulneró el marco regulatorio y los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.
“Voy a hablar en nombre de nuestra intendenta, Mayra Mendoza, pero sobre todo, traigo la voz de las y los 700 mil vecinos de Quilmes. Los quilmeños y las quilmeñas, antes de pagar aumentos, merecen un servicio de calidad. Creemos que cuando dejen de explotar los transformadores, cuando dejen de cortar la luz en Quilmes, recién ahí vamos a poder discutir el aumento de las tarifas”, aseveró Cecilia Soler.
La Secretaria resaltó que “desde nuestro Gobierno Municipal creemos que tenemos que trabajar en un horizonte que contemple la readecuación de la normativa vigente de las prestatarias para poder llegar a los barrios más postergados. Hoy es un horizonte que no tenemos, que no se construye, creemos que tenemos que pensar en un marco de difusión para que las inversiones se destinen a la normalización y la mejora de la infraestructura de la red eléctrica también en nuestro barrios populares”.
Y sostuvo: “Hoy son los Estados municipales los que nos hacemos cargo de la red eléctrica en los lugares comunitarios, siempre con el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional, somos los Municipios quienes damos la cara y asumimos la responsabilidad frente a los vecinos y vecinas. No existe un área dentro de las prestatarias que atienda las relaciones con la comunidad más allá de un 0800, y todos y todas sabemos cómo funciona ese 0800. Para ustedes señores de Edesur, de Edenor, son clientes que hacen uso de un servicio, para nosotras son vecinos y vecinas que pagan un servicio básico y fundamental y merecen ser escuchados”.
Y destacó: “recién a partir de un reclamo unificado de las y los intendentes del conurbano que se pusieron al frente de esta demanda histórica de la ciudadanía, pudimos comenzar a trabajar en un plan de obras con el acompañamiento del ENRE y el Estado Nacional”.
Al mismo tiempo, Soler remarcó que “además de esta pandemia, hemos asumido como Gobierno Municipal, Provincial y Nacional, un país sumergido en una profunda crisis económica y social, producto de los últimos cuatro años de neoliberalismo. La dolarización de las tarifas en la última readecuación del 2016 no fue una casualidad, fue una decisión política de quienes gobernaron desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019. A partir de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del 2016 que fue implementada por el macrismo se aplicaron aumentos a las tarifas de casi el 2 mil por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estos aumentos sabemos que solo se vieron reflejados en el incremento del patrimonio y la rentabilidad de las empresas prestatarias y quienes absorbieron ese tarifazo fueron ni más ni menos que nuestros trabajadores, trabajadoras, PyMES, comercios, y que la economía real de los y las bonaerenses se vio afectada notablemente”.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad lleva adelante un proceso de renegociación tarifaria a partir de la auditoría técnica, jurídica y económica que efectuó sobre la Revisión Tarifaria Integral desarrollada entre 2016 y 2017. Según las conclusiones de esta evaluación, aquella RTI no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente, y por lo tanto vulneró el marco regulatorio y los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.
Fuente: (Zona Sur Diario)
